El Gobierno ratificó que no aplicará la ley de financiamiento universitario

Torrendell y Álvarez aseguraron que las universidades tendrán un aumento real del 7% en el Presupuesto 2026 y negaron despidos o cierres

 

 

El Gobierno nacional confirmó que no aplicará la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso y vetada por el presidente Javier Milei. Durante la presentación del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, defendieron la decisión y aseguraron que las universidades “tendrán un aumento real del 7% en su presupuesto”, sin recortes ni despidos.

“No cerró ninguna universidad, no hay éxodo docente ni ajuste con despidos”, insistió Álvarez ante la Comisión de Presupuesto, al rechazar lo que calificó como una “campaña del miedo” impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional. El funcionario sostuvo que el sistema cuenta actualmente con 198 mil docentes, “dos mil más que al inicio de la gestión”.

Torrendell, por su parte, argumentó que “aumentar el gasto estatal no garantiza una mejora educativa” y planteó que el objetivo del Ejecutivo es “invertir mejor, no gastar más”. Según explicó, el Presupuesto 2026 prevé un incremento nominal del 17,6% en educación, que implica una mejora real de alrededor del 7% con una inflación proyectada del 10,1%. Parte de esos fondos se destinarán al plan nacional de alfabetización y a la formación docente.

Sin embargo, la presentación desató críticas de la oposición. El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) consideró que la decisión del Ejecutivo constituye un “flagrante incumplimiento” de una ley vigente. “Si vino a traer buenas noticias, suelte la plata. No hay excusas cuando sí hubo fondos para otros programas”, retrucó. En la misma línea, Leandro Santoro (UxP) recordó que el impacto fiscal de la ley es de apenas 0,2% del PBI, mientras que la rebaja del impuesto a los Bienes Personales implicó “una pérdida del 0,4%”.

Álvarez replicó que el Gobierno no puede “incurrir en un acto de ilegalidad al financiar una norma que no especifica de dónde salen los recursos”. Con ironía, afirmó: “Por más que el Parlamento derogue la Ley de Gravedad, la gravedad sigue existiendo”.

La discusión sobre el financiamiento universitario se retomará la próxima semana, cuando la Comisión de Presupuesto deba emitir dictamen. El oficialismo busca postergar el debate hasta después del recambio legislativo, cuando La Libertad Avanza y sus aliados alcancen mayor representación.

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